viernes, junio 05, 2009

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, se opone a la visión privatizadora de la Sanidad del Gobierno de Aragón

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, se opone a la visión privatizadora de la Sanidad del Gobierno de Aragón
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSPA), manifiesta su total rechazo a la política en materia de sanidad del Gobier
no de Aragón en lo referente a su evidente voluntad privatizadora, a través de diversas fórmulas como el Banco de Sangre y tejidos de Aragón, la cita telefónica o una posible privatización de las competencias de Salud Pública en nuestra Comunidad Autónoma.
Zaragoza, 23 de abril de 2009. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, creada con el objetivo de preservar el carácter netamente público de la Sanidad, basada en los principios de Universalidad, gratuidad en el momento del uso, propiedad, provisión y gestión públicas, Solidaridad y Suficiencia financiera, denuncia el carácter privatizador de las políticas de sanidad del Gobierno de Aragón a través de su Consejera Luisa María Noeno.
En este sentido creemos que avanzan políticas como la inminente privatización del servicio telefónico de cita previa. Financiado con dinero público, el CTEC no será gestionado con otros criterios que los de la empresa privada. De la misma manera, el Banco de Sangre, tejidos y Órganos de Aragón es ya una “empresa Pública” como lo es ARAMON. Fórmulas de gestión privada que se quedan con dinero de los impuestos de la ciudadanía y contratan y despiden con la precariedad y objetivos de la empresa privada: la obtención de beneficios.
Desde ADSPA, nos oponemos a estas políticas, así como nos opondremos a las más que probables intenciones de andar por el mismo camino en lo referente a la salud pública. Comienza a sonar la creación de una “Agencia de Salud Pública de Aragón”, adscrita a alguna de las muchas fórmulas privadas de gestión de la sanidad (Consorcios, externalizaciones, competencia casi en exclusiva de profesionales privados en servicios de la cartera del Salud, como Odontólogos o fisioterapeutas…). El Gobierno de Aragón nos encontrará enfrente siempre que pretenda llevar a cabo estas políticas.
PARA LLAMAR AL MÉDICO HABRÁ QUE PAGAR
Izquierda Unida ha denunciado públicamente la privatización del sistema de atención y cita al usuario que ha sido licitado a una empresa por 8.700.000 euros. Según el pliego de condiciones que ha presentado el Gobierno de Aragón (disponible buscando en Google: CETEC y DGA), el servicio de cita en los centros de salud se prestará mediante un número telefónico 902, que tiene un coste para el usuario (los 902 no son gratuitos) y que significará, además, que el Gobierno de Aragón pague 60 céntimos de euro más por cada cita concertada.
El dinero del Gobierno es de todos y todas y, por tanto, cada vez que llamemos al 902 pagamos dos veces. Una directamente y otra lo que paga nuestro Gobierno con nuestros impuestos. Las citaciones se realizarán llamando al 902. Contestarán desde el Centro de Atención al Ciudadano ubicado en el polígono Walqa de Huesca.
El Gobierno de Aragón pone a disposición de la empresa (UTE-Telefónica) el local para que aún le sea más rentable. Este nuevo servicio está mecanizado, y será “prestado” por esta empresa que contratará, con el convenio estatal de telemarketing, el más bajo de todo el país, a 36 teleoperadoras (viva el empleo que crea nuestro gobierno) que, inicialmente, trabajarán en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca) pero que, después, el servicio se podrá prestar desde cualquier parte del mundo. ¿Estará el Call Center de las citas de nuestro Centro de Salud en Tanger, Bombay, Lima ,…?
Este nuevo sistema de citaciones en Atención Pública es contrario a varios aspectos fundamentales del Decreto de Reforma de AP en Aragón que está a punto de aprobarse, y que promete la potenciación de las Unidades de Atención al Usuario en los propios centros de salud, para una atención más cercana y de calidad al usuario.

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