EDITORIAL EL PAÍS - Opinión - 15-01-2006
El gamberrismo y las conductas inciviles están creciendo en nuestras sociedades, por razones a menudo muy complejas. No es sorprendente que las autoridades intenten eliminar el t
umor con medidas a veces draconianas. La política que puso en práctica hace unos años el entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de tolerancia cero frente a cualquier tipo de delito callejero -desde saltarse las barreras del metro hasta molestar a los transeúntes- tuvo un éxito incontestable en la Gran Manzana, aunque a veces provocó que las actividades delictivas se desplazaran a otras vecindades.
El gamberrismo y las conductas inciviles están creciendo en nuestras sociedades, por razones a menudo muy complejas. No es sorprendente que las autoridades intenten eliminar el t
umor con medidas a veces draconianas. La política que puso en práctica hace unos años el entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de tolerancia cero frente a cualquier tipo de delito callejero -desde saltarse las barreras del metro hasta molestar a los transeúntes- tuvo un éxito incontestable en la Gran Manzana, aunque a veces provocó que las actividades delictivas se desplazaran a otras vecindades. Afrontar este problema del mal llamado incivismo únicamente a través del castigo no lo resolverá. Al presentar esta semana el llamado Plan Respeto de medidas contra las acciones inciviles, Tony Blair se ha olvidado de lo que manifestó cuando llegó al poder en 1997: "Hay que ser duro contra el crimen y contra las causas del crimen". Sin embargo, el primer ministro británico no se ha cuestionado ahora por qué estas conductas se han multiplicado bajo su largo mandato en el que, entre otras cosas, se ha reducido sobremanera la policía de barrio.
Blair ha hecho de este plan la bandera de su último periodo de poder. La medida más vistosa, que está por ver si, como otras, aprobará un Parlamento cada vez más reticente al recorte de las libertades en nombre de la seguridad y en contra del terrorismo o el gamberrismo, es la posibilidad de expulsar de sus casas durante tres meses a los vecinos antisociales, que pasarían temporalmente a viviendas de castigo. También prevé sanciones que pueden ser de cárcel para los padres cuyos hijos en edad obligatoria no vayan a la escuela, además de otras para reeducar a las familias de los gamberros. Pero lo que más preocupación ha levantado ha sido la dura crítica de Blair al sistema judicial y policial inglés por no dar respuesta a este gamberrismo y la erosión de la presunción de inocencia para los menores en sus salidas nocturnas los fines de semana. El creciente autoritarismo del primer ministro británico es preocupante. Tanto, que el nuevo líder de la oposición conservadora, David Cameron, le ha recordado que el problema del gamberrismo requiere "prevención y soluciones a largo plazo", y no "castigos y golpes de efecto".
Desde luego, el mal no se restringe al Reino Unido. El gamberrismo juvenil está muy presente en Francia, como revelan los numerosos disturbios en algunas barriadas marginales de población inmigrante, y la quema masiva de coches dos meses atrás en París y otras ciudades. Cuando la situación parecía estabilizada y el Gobierno había levantado el toque de queda, los franceses han vuelto a vivir una pesadilla con los incidentes protagonizados el pasado día 1 por un centenar de jóvenes magrebíes en un tren de Niza a Lyón, después de que, en un tremendo error de cálculo, la policía que los acompañaba se bajara en una estación. Esta Nochevieja, en Francia se han quemado otros 425 automóviles. La política del ministro del Interior y aspirante a la presidencia de la República, Nicolas Sarkozy, de tolerancia cero no está dando los resultados esperados.
Esta oleada de incivismo también ha llegado a España. Barcelona, Valladolid y Sevilla han adoptado o preparan medidas legales para luchar contra el gamberrismo. En Madrid, las autoridades municipales no contemplan por ahora la introducción de castigos más severos. Se han limitado a aumentar espectacularmente las multas de tráfico. En cambio, el Ayuntamiento barcelonés ha aprobado una polémica ordenanza que entrará en vigor a finales de mes para frenar el desorden público. Aumentarán las multas por hacer pintadas, practicar el botellón y orinar en la calle, y quedarán prohibidas la venta ambulante y la prostitución en la vía pública. Además, se pondrán en marcha juicios exprés contra extranjeros que cometan actos de gamberrismo en sus vacaciones en la ciudad. Está por ver cuál será el impacto, aunque el alcalde Clos ha prometido revisar la nueva ordenanza en un año si no surte el efecto buscado.
Indudablemente, es un derecho de todo ciudadano poder vivir con tranquilidad sin miedo a verse asaltado. Pero las grandes metrópolis y otras ciudades más pequeñas tienen problemas de marginación social que están en la base de este nuevo gamberrismo que hay que abordar no sólo desde el Gobierno central, sino también desde los propios municipios. En el origen de estas conductas hay, además, una dejación del sistema educativo que en materia de civismo y respeto mutuo debe empezar en casa. No es posible ni justo cargar esa tarea, sólo o primordialmente, a una escuela incapaz también de generar ese sentir cívico. La responsabilidad empieza en el núcleo familiar y la solución en la recomposición de un mayor sentido de comunidad y respeto, sin que ello suponga una merma de libertades.
Blair ha hecho de este plan la bandera de su último periodo de poder. La medida más vistosa, que está por ver si, como otras, aprobará un Parlamento cada vez más reticente al recorte de las libertades en nombre de la seguridad y en contra del terrorismo o el gamberrismo, es la posibilidad de expulsar de sus casas durante tres meses a los vecinos antisociales, que pasarían temporalmente a viviendas de castigo. También prevé sanciones que pueden ser de cárcel para los padres cuyos hijos en edad obligatoria no vayan a la escuela, además de otras para reeducar a las familias de los gamberros. Pero lo que más preocupación ha levantado ha sido la dura crítica de Blair al sistema judicial y policial inglés por no dar respuesta a este gamberrismo y la erosión de la presunción de inocencia para los menores en sus salidas nocturnas los fines de semana. El creciente autoritarismo del primer ministro británico es preocupante. Tanto, que el nuevo líder de la oposición conservadora, David Cameron, le ha recordado que el problema del gamberrismo requiere "prevención y soluciones a largo plazo", y no "castigos y golpes de efecto".
Desde luego, el mal no se restringe al Reino Unido. El gamberrismo juvenil está muy presente en Francia, como revelan los numerosos disturbios en algunas barriadas marginales de población inmigrante, y la quema masiva de coches dos meses atrás en París y otras ciudades. Cuando la situación parecía estabilizada y el Gobierno había levantado el toque de queda, los franceses han vuelto a vivir una pesadilla con los incidentes protagonizados el pasado día 1 por un centenar de jóvenes magrebíes en un tren de Niza a Lyón, después de que, en un tremendo error de cálculo, la policía que los acompañaba se bajara en una estación. Esta Nochevieja, en Francia se han quemado otros 425 automóviles. La política del ministro del Interior y aspirante a la presidencia de la República, Nicolas Sarkozy, de tolerancia cero no está dando los resultados esperados.
Esta oleada de incivismo también ha llegado a España. Barcelona, Valladolid y Sevilla han adoptado o preparan medidas legales para luchar contra el gamberrismo. En Madrid, las autoridades municipales no contemplan por ahora la introducción de castigos más severos. Se han limitado a aumentar espectacularmente las multas de tráfico. En cambio, el Ayuntamiento barcelonés ha aprobado una polémica ordenanza que entrará en vigor a finales de mes para frenar el desorden público. Aumentarán las multas por hacer pintadas, practicar el botellón y orinar en la calle, y quedarán prohibidas la venta ambulante y la prostitución en la vía pública. Además, se pondrán en marcha juicios exprés contra extranjeros que cometan actos de gamberrismo en sus vacaciones en la ciudad. Está por ver cuál será el impacto, aunque el alcalde Clos ha prometido revisar la nueva ordenanza en un año si no surte el efecto buscado.
Indudablemente, es un derecho de todo ciudadano poder vivir con tranquilidad sin miedo a verse asaltado. Pero las grandes metrópolis y otras ciudades más pequeñas tienen problemas de marginación social que están en la base de este nuevo gamberrismo que hay que abordar no sólo desde el Gobierno central, sino también desde los propios municipios. En el origen de estas conductas hay, además, una dejación del sistema educativo que en materia de civismo y respeto mutuo debe empezar en casa. No es posible ni justo cargar esa tarea, sólo o primordialmente, a una escuela incapaz también de generar ese sentir cívico. La responsabilidad empieza en el núcleo familiar y la solución en la recomposición de un mayor sentido de comunidad y respeto, sin que ello suponga una merma de libertades.
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