ECONOMÍA: "Lecciones sobre estas cosas, pocas" Joaquín Estefanía DOMINGO - 20-05-2007
SEGUÍ EL DEBATE sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la comisión de control del Congreso de los Diputados, el pasado miércoles. Ocasión magnífica para la oposición, pues los desaguisados perpetrados en los organismos reguladores han arruinado la credibilidad del programa con el que los socialistas ganaron las elecciones de 2004, en el terreno de la libertad económica.
Pero, con alguna excepción (José Folgado), de las filas del PP no salieron liberales coherentes, sino los crispadores profesionales: Acebes o los sutiles Rafael Hernando y Martínez Pujalte. De Solbes dijeron que ya fue ministro "en el trienio de la corrupción de González", y de la Oficina Económica del Gobierno, algo tan ingenioso como que parecía "la cueva de Alí Sebastián y los cuatro de Intermoney". Más allá del lenguaje trapero, se lo dejaron fácil al vicepresidente, mientras el PP se quedaba sólo en su moción de reprobación y los diferentes grupos acusaban a la derecha, una vez más, de electoralismo.
Pocos días antes, en la presentación de un libro, el ex presidente Aznar criticaba el "lamentable desprestigio" del supervisor por el "intervencionismo" del Ejecutivo. Aznar volvía así a las tesis más queridas de su libro España, la segunda transición, del año 1994 -antes de gobernar-, en el que escribía: "El Estado debería ser extraordinariamente cuidadoso para no interferir en los procesos productivos, privilegiando a unas empresas o sectores en perjuicio de otras y otros". Antes de teorizar la segunda transición, Aznar había escrito otro libro, iniciático (Libertad y solidaridad), en el que sostenía que "el Estado del bienestar es incompatible con la sociedad actual".
Pese a este liberalismo teórico, el primer mandato popular en el Gobierno comenzó con la acusación a los socialistas de que habían amnistiado fiscalmente a sus "amiguetes", por valor de 200.000 millones de pesetas. Pronto se demostró que era falso. En la búsqueda de pruebas destacó una inspectora de Hacienda, Pilar Valiente, que entró con nocturnidad en la Agencia Tributaria buscando expedientes. Poco después, quizá como premio, fue nombrada presidenta de la CNMV, sin que se la conociese mérito curricular alguno, de donde tuvo que salir por pies a raíz del escándalo Gescartera (estafa de alrededor de 100 millones de euros a unos 2.000 clientes, entre ellos algunas instituciones ligadas a la iglesia católica).
En esos ocho años de gobierno del PP cambiaron los presidentes de muchas grandes empresas (Argentaria, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Aldeasa, Caja Madrid, Endesa, Acelaria, Ebro...), siendo sustituidos sus principales ejecutivos por otros cuyo mayor adorno era la amistad personal o ideológica con los dirigentes del partido en el poder. Al tiempo, el Ejecutivo paró algunas operaciones de fusión y absorción empresarial que hubieran cambiado el panorama industrial en algunos sectores clave (por ejemplo, entre Gas Natural e Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, Endesa e Iberdrola o Endesa y Gas Natural).
En este contexto de intervencionismo arbitrista tuvo lugar el mayor proceso privatizador de la historia de España, sustituyendo el sector público empresarial por un sector privado gubernamental. A finales del año 2000, de las 35 empresas del Ibex (que representaban casi el 60% del PIB español), 13 pasaban por un proceso de privatización. La capitalización de estas 13 empresas ascendía a una cuantía equivalente al 67,3% del valor conjunto de todas las empresas del Ibex, o lo que es lo mismo, el 39,6% del PIB español. Salvo en el caso de una de ellas (Indra), en todas las demás, el Gobierno del PP designó al presidente de la empresa, ahora ya privada. Es decir, el Gobierno designó al máximo gestor de las empresas que suponían más de la mitad del valor bursátil español.
Con estos mimbres, Solbes no tuvo dificultad en el Congreso para responder a sus acusadores amnésicos: "Lecciones sobre estas cosas, pocas".
SEGUÍ EL DEBATE sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la comisión de control del Congreso de los Diputados, el pasado miércoles. Ocasión magnífica para la oposición, pues los desaguisados perpetrados en los organismos reguladores han arruinado la credibilidad del programa con el que los socialistas ganaron las elecciones de 2004, en el terreno de la libertad económica.
Pero, con alguna excepción (José Folgado), de las filas del PP no salieron liberales coherentes, sino los crispadores profesionales: Acebes o los sutiles Rafael Hernando y Martínez Pujalte. De Solbes dijeron que ya fue ministro "en el trienio de la corrupción de González", y de la Oficina Económica del Gobierno, algo tan ingenioso como que parecía "la cueva de Alí Sebastián y los cuatro de Intermoney". Más allá del lenguaje trapero, se lo dejaron fácil al vicepresidente, mientras el PP se quedaba sólo en su moción de reprobación y los diferentes grupos acusaban a la derecha, una vez más, de electoralismo.
Pocos días antes, en la presentación de un libro, el ex presidente Aznar criticaba el "lamentable desprestigio" del supervisor por el "intervencionismo" del Ejecutivo. Aznar volvía así a las tesis más queridas de su libro España, la segunda transición, del año 1994 -antes de gobernar-, en el que escribía: "El Estado debería ser extraordinariamente cuidadoso para no interferir en los procesos productivos, privilegiando a unas empresas o sectores en perjuicio de otras y otros". Antes de teorizar la segunda transición, Aznar había escrito otro libro, iniciático (Libertad y solidaridad), en el que sostenía que "el Estado del bienestar es incompatible con la sociedad actual".
Pese a este liberalismo teórico, el primer mandato popular en el Gobierno comenzó con la acusación a los socialistas de que habían amnistiado fiscalmente a sus "amiguetes", por valor de 200.000 millones de pesetas. Pronto se demostró que era falso. En la búsqueda de pruebas destacó una inspectora de Hacienda, Pilar Valiente, que entró con nocturnidad en la Agencia Tributaria buscando expedientes. Poco después, quizá como premio, fue nombrada presidenta de la CNMV, sin que se la conociese mérito curricular alguno, de donde tuvo que salir por pies a raíz del escándalo Gescartera (estafa de alrededor de 100 millones de euros a unos 2.000 clientes, entre ellos algunas instituciones ligadas a la iglesia católica).
En esos ocho años de gobierno del PP cambiaron los presidentes de muchas grandes empresas (Argentaria, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Aldeasa, Caja Madrid, Endesa, Acelaria, Ebro...), siendo sustituidos sus principales ejecutivos por otros cuyo mayor adorno era la amistad personal o ideológica con los dirigentes del partido en el poder. Al tiempo, el Ejecutivo paró algunas operaciones de fusión y absorción empresarial que hubieran cambiado el panorama industrial en algunos sectores clave (por ejemplo, entre Gas Natural e Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, Endesa e Iberdrola o Endesa y Gas Natural).
En este contexto de intervencionismo arbitrista tuvo lugar el mayor proceso privatizador de la historia de España, sustituyendo el sector público empresarial por un sector privado gubernamental. A finales del año 2000, de las 35 empresas del Ibex (que representaban casi el 60% del PIB español), 13 pasaban por un proceso de privatización. La capitalización de estas 13 empresas ascendía a una cuantía equivalente al 67,3% del valor conjunto de todas las empresas del Ibex, o lo que es lo mismo, el 39,6% del PIB español. Salvo en el caso de una de ellas (Indra), en todas las demás, el Gobierno del PP designó al presidente de la empresa, ahora ya privada. Es decir, el Gobierno designó al máximo gestor de las empresas que suponían más de la mitad del valor bursátil español.
Con estos mimbres, Solbes no tuvo dificultad en el Congreso para responder a sus acusadores amnésicos: "Lecciones sobre estas cosas, pocas".
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